"Mi accionar fue ajustado a derecho", dijo el ex titular de la AFIP. El juez Lijo le imputa "haber abusado de las facultades que tenía asignadas".
El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray pidió al juez federal Ariel Lijo su sobreseimiento en la causa en la que es investigado por presuntas irregularidades en el rescate de la imprenta Calcográfica Ciccone, por la que está procesado, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou.
Mediante un escrito de unas 70 páginas, Echegaray le señaló a Lijo una supuesta contradicción en la resolución en la que procesó a Boudou y otros imputados, y puso bajo sospecha al ex titular de la AFIP.
Con el patrocinio del abogado León Arslanian, Echegaray recordó que está “imputado de la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por presuntamente haber otorgado un trato preferencial a la quebrada Ciccone Calcográfica, por gestión del vicepresidente Boudou.
Concretamente, Lijo le imputa a Echegaray “haber abusado de las facultades que tenía asignadas en su carácter de titular de la AFIP; primero, al solicitar la quiebra de Ciccone Calcográfica, para luego pedir su levantamiento condicionado a la presentación de un plan de pagos, y finalmente, 48 horas después, y sin justificación alguna, prestar conformidad incondicional al levantamiento de la quiebra”.
Sin embargo, replicó que fue el propio juez Lijo quien reconoció que la propuesta de acuerdo de Ciccone que habría servido para que Boudou se quedara con la imprenta “fue rechazada por Ricardo Echegaray a través de una enmienda a mano donde afirmaba que el plan debía ajustarse a derecho”.
“En otras palabras, en la sentencia por la cual dispuso el procesamiento de otros coimputados, el juez resaltó mi actuación como administrador federal, que fue la que frustró la maniobra, al rechazar el plan ilegal que se me había propuesto para su aprobación”, insistió Echegaray.
“Mi accionar fue en todo momento ajustado a derecho, siendo que mis únicas intervenciones puntuales en el expediente fueron dos: una por la cual rechacé –de puño y letra– el plan, informando al Juzgado Comercial que el mismo había sido rechazado; y otra por la cual aprobé el plan propuesto, dentro de las facultades legales que acuerda al administrador federal”, explicó el ex funcionario kirchnerista.
“Este último plan –agregó–, aquel que sí se otorgó, no difirió a tantos otros que la AFIP haya dado en lo que respecta a cantidad de cuotas, tasa de interés u otras condiciones propias de la temática”, es decir en un marco de legalidad que había corregido una situación anterior, en que la propuesta había sido rechazada.
Como prueba de su accionar, Echegaray recordó: “Hasta fines del año 2015, cuando cesé en mi cargo de administrador federal, existían 1.549 contribuyentes, a los que les han sido otorgados planes de pago basados en la mencionada normativa, lo que descarta un favorecimiento indebido a la mencionada empresa”.